¿Oro verde? Yasuní: entre el cielo y el subsuelo

Yasuní: la maldición del oro verde

El proyecto Yasuní ITT es una de las iniciativas estandarte del Gobierno de la revolución ciudadana, que se basa en conseguir una compensación internacional por la mitad del crudo que reposa en el Parque Nacional más biodiverso del mundo y actual hogar de los Waorani, una comunidad indígena en aislamiento voluntario.
Copenhague, Dinamarca fuees el lugar donde se presentó el plan sobre El Parque Nacional Yasuní, para conseguir el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas ONU; y mantener el petróleo bajo tierra, además de garantizar los derechos de la naturaleza y los pueblos indígenas. Las reservas llegan a 846 millones de barriles en el campo ITT . Pese a la información entregada por el Canciller de la República, de ese entonces, Fander Falconí, sobre la firma de un fondo de fideicomiso con las Naciones Unidas, el proyecto no tuvo la acogida necesaria para los intereses del Ecuador. Iniciativa que fue anunciadao por la Ministra del Ambiente, Marcela Aguiñaga, “como un total fracaso”.
El si condicional que es parte fundamental de la propuesta, “si se consigue la mitad del dinero en cooperación internacional” pero empecemos por deducir quienes son “la cooperación internacional ”. Los países desarrollados, o industrializados, son los principales emisores de dióxido de carbono, que entre otros efectos es el principal causante del calentamiento global. El proyecto Yasuní ITT no se basa solamente en preservar el crudo bajo tierra, según Esperanza Martínez, directora de la campaña Amazonía por la vida, en su libro “Yasuní. El tortuoso camino de Kioto a Quito” en donde explica que la iniciativa engloba la reservación de hectáreas de árboles; que, al evitar su deforestación, se podría reducir en un mínimo de 424 millones de toneladas emitidas, equivalentes a un valor de 5.942 a 8.48 millones de dólares (14 a 20 dólares por tonelada) con un valor presente de 2508 a 3583 millones de dólares. En la última ronda de negociaciones en Bonn, (patrocinada por las Naciones Unidas y realizada en junio de 2008) se decía: “El bono Yasuní es un derecho a seguir emitiendo carbono a la atmósfera” .
Los Certificados de Garantía Yasuní, una de las más fuertes propuestas para financiar la campaña, equivaldrían, por unidad, una tonelada de carbono no emanada al ambiente, de acuerdo con la presentación del 4 de marzo del 2009 del segundo equipo encargado de la iniciativa (Roque Sevilla y Yolanda Kakabadse)
Un historia que no debe repetirse:
27 mil millones de dólares, en términos nominales, , constituye una estratosférica cifra que adeudaría Chevrón –Texaco al Ecuador en caso de perder el juicio que lleva en proceso durante quince años. Términos nominales, que no incluyen las imágenes y testimonios que dejó el paso de la empresa que derramó 30 mil millones de galones de crudo en la Amazonía ecuatoriana.

Mientras que 350 millones de dólares sería el monto que represente la mitad de lo que se obtendría anualmente por explotar el petróleo que yace en Yasuní.
Oilwatch, red de resistencia a actividades petroleras, presentó en Montecatini, Italia, en junio de 2005, la propuesta de no explotar el crudo del Yasuní, para frenar la destrucción de la naturaleza e impedir un mayor calentamiento de la atmósfera.
Alberto Acosta cuestionó el acuerdo que Carlos Pareja, presidente de Petroecuador en 2007, haría con SINOPEC de China, ENAP de Chile y PETROBRAS de Brasil para la explotación del campo, y propuso dejar el crudo bajo tierra mientras buscaba la cooperación internacional.
El Presidente Correa, el 30 de marzo de 2007, se reunió con Petroecuador y apoyó la propuesta de Acosta.
El primero de Abril de 2007, el Ministerio de Energía y Minas, emitió un boletín de prensa en el que se aceptaba la propuesta, si se conseguía al menos, la mitad de los recursos que se obtendrían al explotar el campo.
El 24 de septiembre de 2007, el Presidente Correa, presenta la iniciativa Yasuní ITT en la Asamblea General de las Naciones Unidas a cambio de una compensación de cinco dólares por barril, un total de 4600 millones de dólares.
El 21 de enero del 2008 se creó la oficina y la Secretaría Técnica de la iniciativa ITT, por medio del decreto 882, como órgano temporal y dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, nombrando encargada a la Doctora Juana Ramos y al ex canciller Francisco Carrión fue denominado promotor internacional mientras se establecía una partida presupuestaria de un millón de dólares.
Este organismo fue sustituido por la unidad de Coordinación de la iniciativa Yasuní ITT bajo la responsabilidad de Roque Sevilla; como representante de la sociedad civil actuaría Yolanda Kakabadse, y Francisco Carrión como delegado de la Presidencia y se estableció un plazo hasta el 31 de diciembre del 2008.
El Gobierno empezó a promover la iniciativa, se creó la página oficial de la propuesta www.yasuní-itt.gov.ec, que salió del aire en 2007, porque no se pagó su mantenimiento. Se hicieron giras alrededor de varios países, para construir un equipo de alto nivel promotor de la iniciativa, entre los que se cuentan miembros como Rigoberta Menchú, Ricardo Lagos, Michael Gorvachov, entre otros y como organismos la OEA, LA CAN y la OPEP.